La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública es un tratado internacional que el Estado de Chile suscribió el año 2009. Este documento sostiene que las sociedades contemporáneas de Iberoamérica demandan […] la ampliación y profundización de la democracia. En esa búsqueda surge el “derecho de participación ciudadana en la gestión pública”, el cual contribuye al desarrollo de los países.
La Carta establece que la participación ciudadana es un derecho activo exigible a los poderes públicos como también una responsabilidad cívica como miembros de la comunidad en que se integran; y que para ser asumida como un derecho debe ejercerse con total autonomía de los actores sociales.
En cuanto al diseño y formulación de políticas públicas, sostiene que la participación ciudadana es fundamental para la creación de valor y legitimidad de las mismas.
El proceso mismo de la participación se considera un proceso de doble vía que requiere dos condiciones, que las autoridades sean receptivas a las opiniones y propuestas de la sociedad y que los ciudadanos conozcan, dialoguen, deliberen e incidan sobre las competencias de las instituciones estatales.
Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
